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Desaparecido, la herida abierta de América Latina

Integrantes del colectivo Sin Justicia No Hay Paz se registraron este sábado cuando pintaron un mural para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, en Guadalajara (Jalisco, M & # 233; xico). . / Francisco Guasco

Bogotá / Guatemala / Guadalajara, 30 de agosto. .- Cientos de miles de desaparecidos conforman hoy América Latina. Una cifra inexacta que alimenta aún más el profundo dolor de una tragedia perpetrada tanto por grupos criminales como por autoridades, y en la que también influyen fenómenos sociales y económicos como la migración.
Durante ocho años, Julieta Toscano busca a su hijo Oliver Díaz Toscano, un joven campeón de taekwondo que perdió la pista el 10 de julio de 2012 en una plaza del municipio de Tlajomulco, en el occidente de México.
Su carpeta de investigación de casos se ha dejado en los archivos olvidados. Durante meses nadie le ha dado nueva información, al contrario, fue ella quien desde un principio buscó datos, nombres y hechos que estaba aportando a la Procuraduría General de Justicia de Jalisco, sin grandes avances.
«El archivo se perdió hace un año, si voy tengo que estar revisando el archivo para ver cómo han avanzado. Les he traído pistas, les he traído el teléfono de la mesera que vio como recogieron a mi hija. (…) Que no pueden arreglárselas pero deberían tener un trato mejor », afirma en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
Toscano ha ido y venido en diferentes instancias con la pancarta que muestra a su hijo con su uniforme de combate, ha participado en decenas de marchas, entrevistas periodísticas y citas con las autoridades para empujar este caso con tantas incógnitas.
En un principio, la investigación de Oliver indicó que se había tratado de un secuestro, aunque las investigaciones dieron un giro cuando su madre sospechó que están involucrados tres primos paternos, presuntamente involucrados en «negocios sucios».
Ella y sus hijas han sido sometidas a amenazas de diferentes formas, hostigamiento, vigilancia fuera de su casa, por lo que viven escondidas por miedo. Su esposo, Sergio Díaz, murió sin haber encontrado a Oliver, de quien se ha dicho todo.
«Lo más difícil ha sido ser criminalizado. Una persona desaparecida si es mujer (cuestionan) con quién estaba o cómo vestía. Oliver (dicen) que le gustaron las huelgas (golpes) », lamentó el mexicano, un país que acumula, según los últimos informes, más de 73 mil desaparecidos desde 1964 a la fecha, la gran mayoría desde 2006.
MULTIPLICIDAD DE FACTORES
Rafael Barrantes, coordinador del programa para los desaparecidos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y Centroamérica, explica a Efe que una amplia variedad de causas han llevado a la región a tener decenas de miles de desaparecidos.
Por conflictos armados internos, como en Colombia o Guatemala, por la mala actuación de las autoridades o por enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y bandas armadas, como en México, o, más recientemente, por motivos económicos y sociales que empujan a miles a migrar a los Estados Unidos, un fenómeno particularmente centroamericano.
En el contexto actual, surgen nuevos peligros: «Un manejo inadecuado de los cadáveres puede llevar a la desaparición de personas en el contexto de la enfermedad COVID», explica el experto.
Uno de los mayores problemas, continúa Barrantes, radica en la falta de cifras claras sobre la magnitud de la tragedia en la región. Esto se debe a una fragmentación de datos por parte de las autoridades, y porque en muchos países es la propia sociedad civil la que lidera las búsquedas.
«El problema de las cifras es un indicador de los problemas en los mecanismos, o la adecuación de los mecanismos, para abordar el tema» de los desaparecidos, agrega el representante del CICR, quien advierte de la falta de modelos a nivel internacional, que lidera las naciones inventar desde «cero. »
Por ejemplo, en Perú existe la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas y en México la recién creada Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
FAMILIAS ROTAS
«Cristina quería ser médica, era una niña muy soñadora (…) Era muy entregada a ayudar a la gente», dice Paulina Mahecha, quien busca a su hija María Cristina Cobo, torturada, violada, desde hace más de 15 años . desmembrado y desaparecido por paramilitares en el departamento colombiano de Guaviare en abril de 2004.
María Cristina trabajaba en esa región centro-sur del país como enfermera luego de graduarse de la Universidad de los Llanos cuando fue desaparecida por la fuerza.
«Lloro porque soy humano, estoy hecho de carne y hueso. Siento un vacío muy grande en mi vida, en mi entorno. Cada mañana la necesito más porque era mi hija, lo era todo para mí ”, dice la mujer, que se encuentra con madres de otras personas desaparecidas para tejer“ la resiliencia ”que les permita salir adelante.
Su historia es similar a la de miles de colombianos porque, según el libro «Cartografía de la desaparición forzada en Colombia», elaborado por los investigadores Fidel Mingorance y Erik Arellana Bautista, se estima que entre 1958 y 2018 fueron víctimas de este crimen en el país, más de 120.000 personas.
Por su parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) señala que en Colombia al menos 80.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada entre 1970 y agosto de 2018.
En tanto, el Instituto de Medicina Legal asegura que entre 2008 y 2017 se reportaron 73.000 casos de desaparición en todo el país, de los cuales 27.229 corresponden a menores.
La situación en Colombia al respecto es mucho más complicada que en el resto de la región, pero desde 2016 y gracias al acuerdo de paz que firmó el Gobierno con la guerrilla de las FARC, se creó la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas como Desaparecidas ( UBPD).
Este órgano -que forma parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) junto con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad- se encarga de investigar las desapariciones ocurridas antes del primero de Diciembre de 2016, cuando entró en vigor el acuerdo de paz.
“Tenemos que luchar porque sabemos dónde están los desaparecidos y les pido a los excombatientes que hagan su compromiso de paz, que contribuyan a la verdad, diciendo dónde están los desaparecidos”, dijo esta semana la directora de la UBPD, Luz Marina. Monzón, durante un acto público en Bogotá.
Sin embargo, según datos del CICR, en Colombia se han registrado al menos 466 desapariciones relacionadas con el conflicto y la violencia armada desde que el Gobierno y las FARC firmaron el acuerdo de paz, lo que demuestra que este es un tema que aún está lejos. para terminar en el campo.
Esta cifra, según Alexia van der Gracht, coordinadora de la Unidad de Protección del CICR en Colombia, «indica que en promedio cada tres días documentamos un nuevo caso de desaparición. »
«Esta realidad se suma a la incertidumbre que viven miles de familias que buscan a sus seres queridos desde hace años, algunas de estas personas han buscado a sus familiares durante más de 20 años. Aunque no hay cifras exactas, se estima que en el país hay más de 120.000 desaparecidos en el contexto del conflicto armado ”, agregó.
Van der Gracht advirtió que esta situación se ha visto agravada por la pandemia COVID-19, que profundizó «la incertidumbre que viven las familias de los desaparecidos en Colombia y otros países de América Latina, y ha planteado nuevos desafíos y complejidades. »
AMÉRICA CENTRAL, UN POZO DE DOLOR
Guatemala ha registrado más de 41.000 personas desaparecidas en los últimos 18 años y su historia es similar a la de otros países centroamericanos donde fenómenos como la migración, la violencia o los conflictos armados dispararon el número de desaparecidos.
En los últimos 18 años, entre 2003 y lo que va de 2020, Guatemala ha contabilizado la desaparición de 41.086 personas, según datos oficiales recogidos en un informe de la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), surgido en 1984 como máximo. sangriento del conflicto armado interno guatemalteco (1960-1996) que dejó precisamente una cifra similar con 45.000 desapariciones forzadas.
El drama que acompaña a las familias de las personas desaparecidas no cesa. Es un crimen que no pierde vigencia y la angustia, como subraya el GAM, «no tiene fin, porque la etapa del duelo no se puede cerrar» y las consecuencias psicológicas «son fatales. »
Uno de los casos emblemáticos en Guatemala es el de María Isabel Véliz Franco y la lucha de su madre, Rosa Elvira Franco Sandoval, por una justicia que, casi 19 años después de la tragedia, aún no se realiza plenamente.
En entrevista con Efe, Rosa Elvira cuenta que María Isabel tenía 15 años cuando desapareció. “Había terminado tercer grado (bachillerato) y quería ser abogada”, dice dentro de su casa en las afueras del centro histórico de la capital guatemalteca.
Al comienzo de las vacaciones de invierno, la menor encontró trabajo en una tienda de ropa, pero a los pocos días la vida cambió cuando uno de los clientes frecuentes de la tienda comenzó a acosarla.
El 16 de diciembre de 2001 María Isabel le dijo a su madre, quien la transportaba al trabajo y de regreso a casa, que una amiga la llevaría a casa. Pero eso no sucedió. Rosa Franco esperó a su hija toda la tarde y noche y decidió denunciar la desaparición sin ser escuchada por ninguna autoridad.
Dos días después, su hija fue encontrada muerta en un terreno baldío, con un cráneo fracturado y violada. El caso de la desaparición y posterior homicidio de María Isabel pasó de un tribunal a otro sin seguimiento por parte de las autoridades, hasta que en 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por el delito de feminicidio y estableció jurisprudencia a nivel nacional. nivel .
En agosto de 2018, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) lanzó la Alerta Isabel-Claudina, un mecanismo interinstitucional para agilizar la búsqueda de mujeres desaparecidas y así tratar de evitar tragedias como las de María Isabel Véliz Franco o Claudina Isabel Velásquez Paiz, desaparecido en 2015.
El proceso penal que Rosa Franco ha impulsado en los juzgados locales, con el acompañamiento de diversas organizaciones, entró en su etapa final el año pasado cuando un juez en la fase intermedia decidió enviar a juicio a Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo, presunto asesino de María Isabel. y también el ex policía Jorge Mario Ortíz Maquiz.
El debate está programado para comenzar en febrero de 2021 en un tribunal de mayor riesgo. María Isabel «estaba muy orgullosa de mí y me animó a ser abogada», concluye Rosa Elvira, de 58 años, quien se graduó en 2017 como abogada y notaria con una tesis sobre el feminicidio, los crímenes de lesa humanidad y el caso de su hija.
Para Barrantes, sea cual sea el motivo de la desaparición, todas las familias sufren «el mismo drama» de desconocimiento, y ese es precisamente el enfoque del CICR al afrontar la tragedia.
En este difícil contexto, el experto destaca la fuerza de los familiares de los desaparecidos para ayudar a personas en las mismas circunstancias, especialmente en la actual crisis de salud.
«El amor a sus seres queridos ha hecho que familiares comiencen a realizar, en el marco de la pandemia, acciones para que otros familiares de desaparecidos que atraviesan penurias sobrevivan y eviten una mala práctica en el manejo de cadáveres», concluye Barrantes. .
Un ejemplo más de la fuerza que mueve, durante años e incluso décadas, a quienes han perdido a sus seres queridos y buscan respuestas.
By Jorge Gil, Emiliano Castro and Mariana González-Márquez

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