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Lo que nos dice la historia de los golpes de estado sobre la negativa de Trump a ceder

Un golpe de estado contra un régimen democrático puede definirse como cualquier acción política de los actores estatales que tenga como objetivo mantener o tomar el poder por medios inconstitucionales. En resumen, hay un golpe cuando militares renegados o líderes elegidos democráticamente suspenden el proceso democrático.

Esta definición, y la historia global, es la razón por la que la negativa de Donald Trump a aceptar su derrota electoral y su negativa a iniciar una transición de poder ha alarmado a tantos y ha llevado a algunos a cuestionar si se estaba produciendo un golpe.

Sin duda, los torpes intentos de Trump de negar la victoria del presidente electo Joe Biden ya parecen estar fallando. Pero sus acciones, negar e intentar revocar los resultados de las elecciones y lograr que los principales republicanos y el fiscal general William P. Barr se complazcan en estos peligrosos esfuerzos, siguen siendo síntomas de la fragilidad de la democracia estadounidense en este momento.

Y esta es exactamente la razón por la que deberíamos estar hablando de la historia de los golpes: cómo sucedieron y, lo más importante, cómo se han detenido. La negativa de Trump a ceder es un ataque al estado y al gobierno democrático. Si bien sus acciones pueden ser descartadas como simples rabietas, la historia de los dictadores en América Latina durante el siglo pasado sugiere la necesidad de tomarse en serio este peligroso momento.

En América Latina, ha habido varios líderes políticos y funcionarios que traicionaron las constituciones y el gobierno democrático de sus países al lanzar golpes de Estado. Por ejemplo, los políticos conservadores en Argentina perdieron las elecciones presidenciales de 1928 y luego apoyaron el primer golpe argentino en 1930 dirigido por el general José Félix Uriburu, quien quería cambiar permanentemente la nación de una democracia a una nueva república fascista dictatorial y corporativista.

La Corte Suprema, días después de la toma del poder por Uriburu, reconoció oficialmente la situación de facto y legitimó el golpe por motivos extraconstitucionales: la estabilidad y supervivencia de la república. Los magistrados priorizaron el orden social y la seguridad política sobre la legitimidad democrática, sentando un precedente legal para los futuros dictadores argentinos.

En otros casos latinoamericanos, los tribunales no fueron facilitadores y, en cambio, los golpes fueron legitimados por partidos conservadores y anticomunistas que controlaban las legislaturas nacionales. Tras una derrota en las urnas, estos conservadores se consolidaron y tomaron el poder dentro de las instituciones de gobierno para luego impulsar políticas impopulares y desiguales.

Por ejemplo, en Brasil en 1964, los políticos conservadores, incluida la mayoría en el Congreso, apoyaron un golpe de estado contra el presidente electo João Goulart. En Chile, Augusto Pinochet lideró un golpe de Estado contra Allende, legítimamente electo, superando por la fuerza al gobierno en 1973. El dictador disolvió inmediatamente el Congreso pero los partidos conservadores apoyaron el golpe. Estados Unidos apoyó estos dos golpes como parte de su cruzada antiizquierdista de la Guerra Fría.

También hubo casos de presidentes electos latinoamericanos que ejecutaron auto-golpes (o autogolpes) a través de la implementación de leyes de emergencia cuando enfrentaban impedimentos democráticos a su poder. Por ejemplo, en Uruguay, el presidente Juan María Bordaberry decretó el estado de emergencia para instalar un régimen cívico-militar para enfrentar la tupamaros insurgencia guerrillera en 1973. En Perú, en 1992, el populista de derecha Alberto Fujimori disolvió el Congreso para promulgar controvertidos cambios económicos y de seguridad por decreto ejecutivo. En 2017, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro cerró el Congreso para gobernar sin control de su poder. En estos tres casos, los gobiernos civiles electos se transformaron en dictaduras mediante la manipulación de procedimientos legales y tecnicismos.

En la mayoría de los casos, la prensa y ciertos sectores de la población condonaron, apoyaron o normalizaron estas tomas del poder, mientras que otros permanecieron apáticos ante la desaparición de la democracia y / o temerosos de la represión y el terror en curso.

Pero también hay un momento importante en la década de 1980 que nos brinda un modelo cívico para el presente: un momento en el que un golpe fracasó porque los ciudadanos se unieron para defender la democracia.

Después de la dolorosa experiencia de la guerra sucia de 1976 a 1983, se restableció la gobernabilidad democrática en Argentina. Cuando el presidente Raúl Ricardo Alfonsín fue elegido en 1983, los argentinos y su gobierno decidieron investigar los crímenes cometidos durante la dictadura, escuchar el testimonio de los sobrevivientes y crear una comisión de la verdad para investigar sus crímenes y eventualmente proporcionar pruebas para procesarlos.

Las fuerzas antidemocráticas no querían reconocer la legitimidad del nuevo gobierno elegido democráticamente. Trabajaron para interrumpir estos juicios y dieron un golpe de estado. A principios de 1987, soldados renegados intentaron derrocar al gobierno de Alfonsín movilizando tropas.

Pero las protestas pacíficas masivas negaron los intentos de derrocar la democracia. De manera espontánea, cientos de miles de ciudadanos tomaron las calles para apoyar la democracia y, en Buenos Aires, más de 200.000 marcharon hacia la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, para apoyar a los líderes electos.

Los medios de comunicación también jugaron un papel importante. Los principales periódicos, canales de radio y televisión informaron y criticaron las acciones ilegales de los golpistas y defendieron el sistema democrático.

Y también lo hicieron las instituciones estatales, incluido el Congreso y la mayoría de las fuerzas armadas y la policía, que se alinearon no con los deseos del líder golpista rebelde coronel Aldo Rico, sino con la constitución. El resultado no fue ni un derrocamiento violento del gobierno ni una manipulación de la ley para socavar el funcionamiento de las instituciones democráticas. Más bien fue la participación democrática en exhibición: los ciudadanos protestaron pacíficamente y defendieron la democracia en las calles en lugar de ser pasivos y apáticos cuando los militares intentaron tomar el poder.

La historia latinoamericana enseña que si un golpe se vuelve serio y exitoso puede depender de cómo respondan las instituciones democráticas, los medios y los ciudadanos. Si ignoramos o normalizamos incluso los intentos de golpe tímidos o retóricos, la prueba autoritaria de las aguas para un golpe podría volverse más seria.

Trump admira a dictadores y autócratas, pero aunque ha degradado la democracia estadounidense, nuestras instituciones, medios de comunicación y ciudadanos han presentado barreras a su toma de poder. Y ahora, los estadounidenses lo han destituido por votación.

Pero en la derrota, se está alejando de ser el típico populista de derecha y se está convirtiendo en alguien que representa una grave amenaza para la democracia. Otros líderes de este tipo aceptaron amargamente los resultados electorales y dejaron el gobierno, desde Benjamin Netanyahu en Israel en 1999 hasta Viktor Orban en Hungría en 2002 y Silvio Berlusconi en Italia en 2006.

La negativa de Trump a ceder e iniciar una transición pacífica a la administración Biden pone en riesgo a nuestras instituciones. Si bien es casi seguro que Biden asumirá el cargo el 20 de enero, el comportamiento de Trump, y la negativa de los republicanos y los aliados de los medios a condenarlo, es cómo comienzan los desarrollos antidemocráticos. Por eso es de vital importancia que los ciudadanos y las instituciones estén alerta y se nieguen a dar por sentada la democracia.

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