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Los Estados centroamericanos pueden y deben avanzar hacia la implementación de una Renta Básica Universal

By: Carlos Alvarado Mendoza y Jonathan Menkos Zeissig
Translation: Julio Linares
La versión en español del artículo se puede encontrar aquí.

Recientemente, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) propuso para Centroamérica la implementación de una Renta Básica Universal (RBU), buscando que los Estados del istmo tengan una garantía mínima de protección social, al tiempo que contribuyan a contrarrestar el impacto de la Pandemia de COVID-19. Una RBU, acompañada de otras inversiones públicas, sociales y económicas, aceleraría el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, al proponer un cambio estructural en el modelo de bienestar y crecimiento económico, podría ser la base para la discusión de nuevas políticas sociales, políticos, económicos y fiscales en Centroamérica.

Los gobiernos centroamericanos han implementado acciones para contener la propagación del virus y reducir los impactos en la salud y la actividad económica de las personas. Sin embargo, estos estados se han enfrentado a un escenario complejo, aunque en distinto grado en cada país, ya que la pandemia ha exacerbado problemas estructurales principalmente relacionados con la falta de equidad en el acceso y atención de los sistemas públicos de salud, la debilidad del sistema de salud y protección social y la baja capacidad de generar empleo formal y transformación productiva, lo que ha derivado en altos niveles de desigualdad y pobreza. De hecho, antes de la crisis, 45 de cada 100 centroamericanos (alrededor de 22,5 millones de personas) vivían en condiciones de pobreza; además, 82 de cada 100 centroamericanos pobres viven en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Según estimaciones del Instituto, la crisis actual podría provocar la pérdida de hasta 1,9 millones de puestos de trabajo e inducir un aumento significativo de la pobreza general y extrema. Especialmente en Guatemala, El Salvador y Honduras, la crisis actual podría sumar al menos a 4,9 millones de personas a la pobreza, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), lo que erosionaría aún más el débil tejido social de estos países. de la región (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020, “América Latina y el Caribe frente a la pandemia COVID-19: efectos económicos y sociales”, Informe Especial COVID-19 No. 3). Entre las principales medidas que han implementado la mayoría de los gobiernos centroamericanos para limitar el impacto en la población, en términos de asegurar ingresos, seguridad alimentaria y servicios básicos, particularmente para grupos vulnerables, se encuentran: entrega de alimentos; la creación de nuevas transferencias monetarias; suspensión del pago de servicios básicos (en particular agua, luz y teléfono); y, el aumento en el monto de transferencias monetarias previamente existentes. Asimismo, se han implementado diferentes tipos de programas de protección para los trabajadores del sector formal, entre los que se encuentran el teletrabajo, absentismo remunerado, seguro de desempleo, reducción de jornada, entre otros. Adicionalmente, se ha brindado apoyo directo adicional a individuos y familias, consistente en facilidades de pago de crédito, apoyo a trabajadores del sector informal, entre otros.

Si bien las medidas adoptadas por los gobiernos de la región son limitadas y de carácter temporal, indican la urgente necesidad de implementar acciones permanentes, con una perspectiva de largo plazo, que permitan garantizar la reducción gradual de la pobreza en los países de la región hasta su eliminación y los derechos de las personas mediante el fortalecimiento de los Estados mediante la provisión universal de protección social que permita reconstruir el tejido social de esos países.

Ante lo anterior, el Icefi ha instado a los Estados centroamericanos a ampliar y fortalecer sus sistemas de protección social de manera que protejan a la población, priorizando a los grupos tradicionalmente excluidos.
y los más vulnerables, los daños económicos y financieros derivados de la crisis y acelerar el proceso de recuperación económica. Para lograr estos objetivos de manera rápida y efectiva, el Instituto propone el lanzamiento de la implementación de una Renta Básica Universal (RBU) que elimine la pobreza extrema y reduzca significativamente la pobreza general. En su III Informe de política fiscal centroamericana ―cuyos primeros capítulos se publicaron en julio―, el Instituto ha calculado los costos y efectos de la aplicación de una renta básica universal.

Para la implementación de una RBU, el Icefi propone asignar una suma monetaria a cada miembro de la sociedad, equivalente al monto asociado al umbral internacional de pobreza extrema (USD 1,90 por día en paridad del poder adquisitivo de 2011). De esa cuenta, también estarías pagando el logro de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular los objetivos 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12 y 16. La aplicación de una RBU ha una sencillez operativa que compensa su rápida ejecución, evitando generar más burocracia, abriendo caminos a la corrupción y manteniendo a los beneficiarios en la trampa de la pobreza. Al ser asignada incondicionalmente, permitiría no solo erradicar la pobreza extrema, disminuir la pobreza general, reducir la desigualdad en la distribución del ingreso, aumentar los niveles de actividad económica y crear las condiciones para nuevos empleos, sino que además la medida debería provocar la modernización de la política fiscal y reequilibrio necesario de responsabilidades entre ciudadanos, empresas y gobierno. Desde ese relato, al proponer un cambio estructural en el modelo de bienestar y crecimiento económico, la RBU podría ser la base para la discusión de nuevos pactos sociales, políticos, económicos y fiscales en Centroamérica.

Las estimaciones iniciales realizadas por el Instituto sugieren que la inversión anual requerida para la implementación de una RBU oscila entre el 1,2% y el 7,5% del PIB para los seis países de la región, siendo Honduras el país que más inversión requeriría por el tamaño de su PIB y el
número de habitantes del país. Asimismo, Nicaragua requeriría una inversión de aproximadamente
5,8% del PIB; mientras que en Guatemala y El Salvador la inversión necesaria alcanzaría entre 5.0% y 5.3% del PIB, respectivamente. En contraste, los países que enfrentarían la menor presión fiscal para implementar esta política son Costa Rica y Panamá, cuya inversión rondaría el 2,2% y el 1,2% del PIB, respectivamente.

Figura 1: Centroamérica: aumento necesario del gasto público por parte de la administración central para implementar una RBU desde el umbral de pobreza (2020-2030, cifras como porcentajes del PIB).

A criterio del Instituto, se podría llevar a cabo la implementación de una RBU
paulatinamente, como se muestra en la Figura 1 ―en un plazo máximo de diez años y atendiendo a la población de los territorios con mayor pobreza y menor desarrollo, en consonancia con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la necesaria reestructuración institucional, fiscal y económica garantiza la eficacia y sostenibilidad de esta política en el tiempo. Esta forma de lograr gradualmente la universalidad de la renta básica permitiría a los Estados avanzar de manera integral en la universalización de otros bienes y servicios públicos relacionados con la educación, la salud, el agua y el saneamiento ambiental, la vivienda, entre otros.

Según estimaciones del Instituto, entre los mayores impactos de la ejecución de esta agenda, además de la eliminación de la pobreza extrema, se encuentra la generación de 2,0 millones de empleos directos; el incremento promedio de 20% en el ritmo de la actividad económica, impulsado principalmente por la producción nacional; así como mejoras en los indicadores de bienestar social e igualdad. Para el cumplimiento general de la Agenda ODS2030 en la región centroamericana, el Instituto ha identificado diversas fuentes probables de financiamiento, entre las que destaca el aumento de la recaudación tributaria. Como resultado de la reducción de flujos ilícitos de capitales, contrabando, evasión de impuestos y privilegios fiscales; así como por el incremento de algunos impuestos que, adicionalmente, podrían mejorar la
progresividad global del sistema tributario. En algunos estados, el endeudamiento también se puede considerar como un mecanismo de financiamiento. Adicionalmente, el Instituto reitera que, por el lado del gasto público, es posible generar espacios fiscales adicionales a través de dos canales: eliminando los rubros que no estén orientados a metas de desarrollo, para que los recursos puedan ser reasignados a programas que tengan tal orientación; así como mejorando la eficiencia de aquellos que puedan generar mejores resultados en términos económicos y sociales.

Cuadro 1: Espacio fiscal por el lado de los impuestos

La implementación paulatina de una renta básica universal, junto con el avance de inversiones públicas que garanticen el cumplimiento de las metas de desarrollo, y una reforma fiscal integral –más ingresos, gasto público basado en resultados, mayor transparencia y una lucha efectiva contra la corrupción– son los elementos que permitan a los centroamericanos enfrentar con éxito esta crisis sanitaria y económica, ampliando derechos y reequilibrando responsabilidades sociales. Por ello, el Instituto insta a toda la sociedad – movimientos campesinos y promotores de los derechos humanos individuales, trabajadores, empresarios, academia, partidos políticos y gobiernos en ejercicio – a promover un diálogo nacional abierto y sensible, con visión de futuro, que tiene como objetivo transformar los Estados a través de un pacto social, económico y fiscal que cambie las tendencias políticas y socioeconómicas actuales y ponga a Centroamérica en la senda del desarrollo sostenible, inclusivo y democrático al que aspira la gran mayoría.

En particular, los estados de los países de la región deben avanzar en el fortalecimiento de sus programas de protección social, elemento central de política que permite reducir las desigualdades existentes, no solo en términos de ingresos, sino también desde una perspectiva inclusiva en términos económicos y económicos. sociales que promueven la cohesión social. Además, para Icefi, reducir el agravamiento de las condiciones de pobreza en las que vive más de la mitad de los centroamericanos puede ser posible universalizando el acceso a los programas de protección social, ya que el contexto actual solo ha acentuado las limitaciones existentes en términos de la economía y la sociedad. modelo. Una Centroamérica mejor es posible en la medida en que se formule y construya un modelo de desarrollo inclusivo en términos económicos, sociales y ambientales, de manera que un ingreso básico universal asegure una base mínima de protección que se acompañe de políticas que garanticen para todos una educación de calidad. ; acceso a servicios de salud oportunos, eficaces y eficientes; contar con servicios públicos de infraestructura económica y social que favorezcan la cohesión social; y que todas las políticas implementadas sean consistentes con una estrategia amigable con el medio ambiente.

Publicado originalmente en español en Sin Permiso aquí.

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