La ministra del Interior y Seguridad Pública del Gobierno de Gabriel Boric, Carolina Tohá, ha defendido su gestión en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Chile, con las tasas de homicidios y delitos violentos al alza. La interpelación en el Congreso solicitada por los partidos de la derecha tradicional (RN, UDI y Evópoli) ha ocurrido después del batacazo electoral que sufrió la izquierda en las elecciones de consejeros constitucionales. El Partido Republicano, de extrema derecha, se convirtió en la principal fuerza política en base a un discurso de mano dura, ley y orden para combatir la delincuencia y el crimen organizado, las principales preocupaciones de la ciudadanía.
Durante la interpelación, la ministra Tohá fue interrogada sobre la migración irregular, uno de los temas clave. El Gobierno de Boric expulsó solo a 31 sin papeles en 2022 y 143 en lo que va del año. En materia de seguridad, criticaron la falta de propuestas legislativas para hacer frente a la crisis y expusieron una batería de delitos violentos que registraron un alza de 2021 a 2022: homicidios (33%), robo con violencia o intimidación (63,1%) y robo por sorpresa (61,2%).
La ministra Tohá admitió que el país atraviesa un problema en estas materias, pero dijo que los homicidios vienen subiendo desde 2016 y que no es riguroso comparar datos de un año con pandemia a otro sin crisis sanitaria. Además, destacó que el Ejecutivo ha presentado 10 proyectos de seguridad y ha promulgado otros 12. “Pero no toda la política de seguridad son proyectos de ley. La seguridad también es prevención. Estamos ampliando los recursos para los municipios, estamos trabajando en distribuirlos de manera justa”.
En la sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados, Tohá estuvo arropada por las figuras más fuertes del Ejecutivo. El diputado Longton también consultó a la ministra Tohá sobre la violencia en la llamada Macrozona sur, corazón del conflicto por las tierras ancestrales del pueblo mapuche. Tohá aseguró que van a cumplir su compromiso de modificar la ley antiterrorista. “Es una legislación que está mal formulada, porque obliga a demostrar el ánimo del que cometió el delito. Normalmente, se fracasa en eso y delitos gravísimos quedan impunes. De hecho, en los últimos 15 años se han conseguido sólo tres condenas por esta ley”. Además, replicó las palabras del presidente Boric, que ha reconocido que hay acciones con “carácter terrorista” en la zona.
La pedida de cuentas a la ministra llega después del duro golpe de la izquierda en las urnas en las elecciones del 7 de mayo pasado, cuando el oficialismo se quedó solo con 16 escaños de los 51 del Consejo Constitucional que redactará una nueva Carta Fundamental, con lo que no tendrá ni siquiera poder de veto. La derecha, sin embargo, pidió interpelarla semanas antes de las elecciones. La coalición Chile Vamos publicó un documento bajo la consigna Se acabó la paciencia con 12 razones para que la ministra respondiera ante el Congreso Nacional sobre los avances de su cartera en estas materias.
