La Junta Central Electoral (JCE), el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República de República Dominicana han firmado un acuerdo que permitirá garantizar el derecho al voto de los reclusos en las elecciones presidenciales de 2024.
En el acuerdo, se comprometen a implementar un sistema multibiométrico para fortalecer la identificación de los imputados y controlar a los reclusos en los procesos de investigación y privación de libertad. La JCE también se compromete a apoyar y colaborar con equipos y sistemas informáticos para el Ministerio Público en la gestión y consulta de datos biométricos.
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, destacó la importancia del convenio, considerando que reconoce derechos consagrados en la Constitución en favor de personas desfavorecidas de la sociedad que no podían ejercer el derecho al voto por no estar registradas ni tener manera de que constaran sus datos. En el acuerdo de 2014, un total de 2,027 internos, entre mujeres y hombres, se empadronaron para votar en las elecciones de 2016, aunque al final no se implementó.
